El gobierno local de Benidorm propondrá al próximo pleno de la Corporación instar al Estado a que autorice a los Ayuntamientos a disponer del 100% del superávit de 2019 para destinarlo a “gasto corriente o inversión” atendiendo así necesidades derivadas de la actual crisis sanitaria, y que en consecuencia el Ejecutivo Central no pueda tocar ‘la hucha’ de las entidades locales.

Así se recoge en dos mociones presentadas por el gobierno presidido por Toni Pérez, en las que se plantea que el uso de ese dinero ahorrado por las entidades locales sirva para “implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia de la Covid 19”

En la primera de las mociones, se reclama que se realicen los cambios normativos necesarios para que estos recursos no computen ni afecten a la regla de gasto ni a la estabilidad presupuestaria.

La misma incluye otras tres peticiones al Gobierno de la Nación. La primera, que se prorroguen los plazos para que “las Inversiones Financieramente Sostenibles” asumidas con cargo al superávit de 2019 “puedan ejecutarse en 2021”, ya que “la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma conllevará que muchas no puedan acabarse en 2020”. Por otro lado, se exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “de forma inmediata” abone a los Ayuntamientos las cantidades correspondientes “al IVA del mes de diciembre de 2017”. En tercer lugar se insta al Gobierno Central a reclamar a su vez de las Instituciones Europeas que “la nueva programación de Fondos e Iniciativas” para el periodo 2021-2027 “se reorienten y adapten a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos” dirigidos a los Ayuntamientos.

En consonancia con la última reclamación, se solicita de la Generalitat Valenciana “fondos de liquidez extraordinarios” para que las entidades locales puedan “mitigar” la crisis ocasionada por el coronavirus.

En la segunda de las mociones que se elevará a pleno se insta al Gobierno de España a “no utilizar los poderes excepcionales que le confiere el estado de alarma, ni otros subterfugios legales, para apropiarse de los ahorros de las entidades locales”. Asimismo, se reclama que, llegado el caso, cualquier cambio en “alguna de las leyes que afecten a la autonomía, hacienda o estabilidad financiera de las entidades locales” se acuerde en el Congreso de los Diputados previo consenso con los Ayuntamientos y no se adopte de forma unilateral por el Ejecutivo Central.