En septiembre, el sindicato mando un escrito al alcalde en el que solicitaba información a cerca de un proceso selectivo para una plaza de oficial de la Policía Local, mediante la promoción interna. “El motivo de este proceso, parece ser, viene relacionado con una sentencia del juzgado contencioso administrativo nº 2 de Alicante, por la que se le reconoce el derecho de este Agente, a ser admitido en el proceso selectivo para la cobertura de 18 plazas de Oficial de la Policía por turno de promoción interna, convocado por resolución de fecha 19 de Febrero de 2007”, dice Francisco Ángel.

La excusa del alcalde es que existe una plaza de oficial vacante “en la relación de puestos de trabajo del personal Funcionario de 2010 y añade, conscientemente, una de estas plazas, a las 18 del aquél proceso selectivo ya finalizado. Se incurre, de esta manera, en una presunta irregularidad fraudulenta, puesto que lejos de acatar la sentencia y examinar a este Agente dentro del proceso selectivo en el que solo existían 18 plazas, añade otra, con finalidad no transparente, poniendo nombre y apellidos a una plaza vacante en la RPT 2010, que debería de ser ofertada para todos los Agentes de la Policía Local de Benidorm para asegurar la promoción interna, y no solo para este aspirante afín”, añade.

Según ha explicado Francisco Ángel González, lo lógico en estos casos es examinar al opositor y si aprueba entrar a sustituir al  último que obtuvo la plaza y que no le pertenece.

En este mismo decreto, según ha afirmado el secretario del sindicato, se ha detectado otra irregularidad, en esta ocasión relacionada con los miembros que deben componer el tribunal: “hace referencia al nombramiento de las personas que forman parte del mismo y han sido sustituidas por otras que jamás formaron parte dicho tribunal. Entre otras cosas y segun el Decreto al que nos retrotrae la sentencia, el presidente de ese tribunal es Manuel Pérez Fenoll y no Agustín Navarro”.

Por todo lo anterior el sindicato ha presentado un recurso judicial contra el proceder del Alcalde en este decreto, que entienden irregular y viciado, saltándose la ley a la torera y volviendo a vulnerar la ley de Presupuestos generales de 2010.