El Ayuntamiento de Benidorm se va a presentar como “parte afectada” en el procedimiento judicial que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en relación a la construcción de las torres de Punta Llisera.

Así se comunicó ayer a los grupos de la Corporación en una Junta de Portavoces, en la que se informado del decreto firmado por el alcalde, Toni Pérez, que será ratificado en el próximo pleno.

Según el informe dictado por Secretaría a instancias del alcalde, actualmente durante el procedimiento pueden participar quienes se vean materialmente afectados por una sentencia aunque no hayan intervenido en el proceso. De ahí que se ampare la presentación del Ayuntamiento como “parte afectada” por la ejecución de las resoluciones que adopte el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a las torres de Punta Llisera.

El informe recoge que “es obvio” que la ejecución de las resoluciones judiciales afectan notablemente a Benidorm, tanto por la magnitud de la actuación como por la ubicación de la misma, muy próxima al litoral y playas urbanas de la ciudad.

Además, el Ayuntamiento de Benidorm debería intervenir en las mismas “aunque sea a título de responsable de las autorizaciones urbanísticas y ambientales”.